Los centros de menores en España dividen su actividad en dos. Los primeros son de ejecución de medidas judiciales, donde ingresan menores con delitos. Los segundos son los de protección, con menores retirados de la tutela de sus padres por los Servicios Sociales o alguna institución pública, o simplemente están a la espera de adopción.
Esther Carrasco y Nuria Muela. Existen programas específicos para el tratamiento de menores dependiendo del caso: por maltrato ascendente (hacia la pareja, los padres…), padres adolescentes, drogodependencia, delitos de hurto con intimidación o violencia u homicidio.
La pena a la que se someten los menores puede ser cautelar, a la espera de una sentencia judicial; firme; o de libertad vigilada (hasta un año), que se produce al acabar la medida firme, se intenta la reinserción del menor a través de un seguimiento.
Empresas privadas no valoran las necesidades del menor
Los centros tienen diferentes regímenes. Pueden ser abiertos (centros de día), semiabiertos (salidas los fines de semana o por temas laborales), o cerrados (sin salidas). En estos últimos se producen los casos de homicidio, abuso o violencia.
Los centros de menores están gestionados por empresas “sin ánimo de lucro” o por fundaciones. Estas reciben el dinero de la Comunidad para llevar a cabo los proyectos con los menores, cuando se les condena a una sentencia o cuando están bajo la protección de la misma Comunidad.
El problema es que estas empresas privadas no valoran las necesidades del menor, sino las necesidades del propio centro. Si se financian con dinero estatal deberían estar controladas por el gobierno como cualquier otra empresa que recibe financiación, sin embargo hacen lo que quieren. Es sospechoso como los presidentes de algunas de las gestoras lo son también de empresas de construcción o de entidades bancarias.
"Son centros privativos de libertad. Lo contrario es demagógico"
Sólo bajo la ARRMI, en la Comunidad de Madrid existen 1.556 jóvenes entre 14 y 22 años (212 mujeres y 1.344 varones) que cumplen alguna medida judicial o están a la espera de un juicio por haber cometido un delito.
La ARRMI es la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, gestora que controla los centros públicos y privados de menores que depende de la Consejería de la Presidencia de Justicia e Interior.
ARRMI cuenta con 12 centros de régimen abierto, semi abierto y cerrado. Estos últimos acogen a 304 jóvenes condenados o imputados por todo tipo de delitos, incluido el terrorismo, aunque el más frecuente es el robo. Y en este punto su directora Carmen Balfagón afirma que: "son cárceles de menores. Una cosa es que la Ley del Menor diga que tenemos que cumplir lo que dice la Constitución española y que debamos reinsertar a un menor. Y otra cosa es que no pueda salir de ese recinto, porque son centros privativos de libertad. Lo contrario es demagógico".
Otra de las gestoras es GINSO, Asociación para la Integración de la Gestión de la Integración Social, que trabaja en toda España (“Sin Ánimo de Lucro”). Su presidente es Alfredo Santá García. Desarrolla un proyecto que integra aspectos tan diversos como los arquitectónicos, equipamiento, mantenimiento, seguridad, procedimientos regimentales, administrativos, jurídicos, psicológicos, sociales, formativos, pre laborales y laborales. Casualmente la empresa que lleva a cabo la construcción de los centros es ICONO CONSULTORES, la cual pertenece al mismo presidente de GINSO, Alfredo Santá, y que también ha construido a demás de Madrid, en Andalucía y Las Palmas.
"Carla nos habla de ciertas irregularidades en los procesos"
Carla Segovia es una trabajadora social en prácticas del centro público Renasco (centro en el que estuvo cumpliendo pena El Rafita). En el centro conviven unos 17 chavales, de entre 16 y 19 años, pertenecientes a una clase media-baja, con economía baja, sentenciados por hurto con intimidación o violencia. El mayor problema de estos menores es a nivel interno, con problemas autoestima, afectividad, problemas familiares…
El proceso que se sigue es el siguiente: delito-detención, por el GRUME (policía especializada en menores), que envía la denuncia a los Juzgados de Menores, donde el juez y la fiscalía envía al menor al centro determinado.
Durante el primer mes los trabajadores sociales realizan visitas al domicilio y a la familia para redactar un informe sobre la situación real del menor. Después se realizan reuniones con el equipo del centro para establecer objetivos. Todo esto se lleva al juzgado y ahí se determina el régimen de salidas del centro.
Carla nos habla de ciertas irregularidades en los procesos del centro de Anuar. El joven dice tener 21 años, pero se sospecha que tiene más. Es marroquí y carece de una figura paterna. Lo raro es que tras un mes de libertad después de salir de la cárcel de Alcalá Meco ingresa en el centro de menores “porque el juez lo determina y punto”.
“El problema de raíz son los centros educativos"
La trabajadora social nos comenta que las medidas de castigo a los menores las determina cada centro en su normativa, permitiendo el engrilletamiento, el aislamiento en salas durante horas o días, la violación de la intimidad del menor como método preventivo, o la restricción de las visitas del menor, violando así muchos de los derechos de los menores.
Carla hace una crítica a la incompetencia de la fiscalía diciendo que “es el trabajador a través de sus informes quien busca la verdad del menor y su situación”. También afirma que “el problema de raíz son los centros educativos".
La solución ante un menor problemático es la exclusión y no la integración”. La solución sería incorporar profesores con formación social para llevar a cabo la integración.
Denuncia las lagunas en el sistema. “No se mojan, solo determinan como mero procedimiento”. “Si Pepe no quiere cambiar, ¿quién tiene que cambiar, el sistema o Pepe?”
Añade que el propio centro es un riesgo para el menor, por los tratamientos, los castigos, las influencias, el desgaste psicológico… Considera primordial el tratamiento de la empatía.
Critica la falta de tiempo para llevar a cabo los proyectos, así se demuestra que el juez ejerce su trabajo sin velar por el bienestar y recuperación del menor. Tampoco hay un seguimiento posterior cuando salen del centro. Por lo que es imposible conocer la supuesta eficacia del sistema.
Cada plaza en el centro cuesta al mes entre 3.000 y 3.500 euros
Este testimonio se corrobora con el de Santiago Agustín, psicólogo y educador sexual.
En 2007 Santiago entra a trabajar en el Centro Terapéutico “La Jarosa” perteneciente a la Fundación O´Belén en Madrid, donde se realizan internamientos por parte de la Comunidad de niños huérfanos, abandonados o que los padres no pueden hacerse cargo de ellos. En ningún caso han sido denunciados o han cometido un delito, están en régimen Protección. Los menores provienen de familias pobres, con problemas familiares como alcoholismo o falta de atención, padres a los que les han retirado la custodia, etcétera.
Se encuentra en el centro, sin experiencia profesional, dos años después de haber terminado la carrera, sin ningún trabajador con formación académica y ningún especialista. En el centro conviven 8 menores (chicas y chicos) en unas condiciones lamentables de las infraestructuras y de la higiene (huele mal, todo roto…). Esta situación es desconcertante si se tiene en cuenta que cada plaza en el centro cuesta al mes entre 3.000 y 3.500 euros.
En su primer día de trabajo se produce un motín en el que tres de los menores se escapan. Los que no consiguen escaparse son reducidos e inmovilizados en el suelo (“contención” lo llaman), y alguno de ellos es enviado a la sala de aislamiento, entre ellos un niño de 12 años que permanecerá allí durante dos horas. A esto se le une el hecho de que la toma de medicamentos no siempre es conocida por los menores, a los que se niegan a tomarlos de forma voluntaria se los introducen en el Cola-Cao, algo que Santi no pudo hacer, “casi me muero”.
Santiago trabaja en el centro 2 días porque no es capaz de soportar la situación de violencia y la metodología de los trabajadores (el “conductismo a lo bruto”, premio-castigo, aprender a la fuerza… la filosofía es encerrar no integrar). Los trabajadores están 24 horas encima violando su intimidad, les hablan despectivamente, por lo que los niños están histéricos, con miedo, o aturdidos por la medicación. En total permanece en el centro entre 18 y 20h.
“No reciben educación; es antinatural; no es una casa, es una cárcel, peor; no tienen adolescencia”
Durante su formación universitaria Santiago conoce a una asociación llamada Coordinadora de Barrios, que realiza denuncias ante la exclusión social. Acude a ella para denunciar el caso y la Asociación le propone alargar su estancia en el centro para grabar la situación del centro, pero no tiene fuerzas para volver a esa “cárcel”. La asociación le aconseja que lo denuncie al Defensor del Pueblo, advirtiéndole de que en Plaza de Castilla se suelen desestimar este tipo de casos. Esta denuncia coincide en el tiempo con otra puesta en Guadalajara hacia el centro Casa Joven (también del grupo de O´Belén), donde una niña se había tirado de un coche. Ante esto el Defensor del Pueblo comienza una investigación. En Julio de 2010 el centro La Jarosa cierra sus puertas. El centro Casa Joven actualmente también está cerrado.
Santiago actualmente trabaja dando clases de educación sexual en centros tanto de protección como de ejecución de medidas judiciales. Ha pasado por los 13 centros de la Comunidad de Madrid y aunque unos estén en mejores condiciones que otros, muchos de ellos usan medidas que se podrían considerar “poco éticas” como la contención inadecuada, medicación sin receta médica, el aislamiento durante horas… Cada centro tiene su propia normativa y procedimiento para aplicar los castigos, pero todos siguen una línea común. El problema es la aceptación por parte del Gobierno y la Administración.
Según el testimonio de Santiago “no reciben educación; es antinatural; no es una casa; es una cárcel, peor; no tienen adolescencia”.
Margarita perdió a su hijo, Miguel. Había sido un crío difícil, acude a distintos especialistas, le diagnostican hiperactividad, además de tener un coeficiente intelectual de 113, por encima de la media. Su padre se marcha de casa y su abuelo fallece poco después, provocando un descontrol en su vida. “Paso de maltratado a maltratador por cómo le trataban en el colegio”, afirma su madre “reír cuando se puede reír y llorar cuando se deba llorar, eso decía él”. Tras pedir ayuda en todos los sitios posibles, la respuesta en todos lados es la misma: “denúncialo”. El Juzgado de Familia le aseguró que en los centros recibían educación, una alternativa de futuro y ayuda.
“Cogió un cinturón y se ha suicidado”
En los Servicios Sociales, en Navarra, el juez de menores le manda al centro judicial Hyundai. A Miguel le llevan esposado. A Margarita le prohíben verle porque ha firmado la sentencia y ha renunciado a su custodia. María su hija mayor, era su vínculo con Miguel. Tras pasar unas semanas y el centro decirla que “todo va bien”, a Miguel le pillan fumando un porro; con el método “premio-castigo” se había ganado una semana de aislamiento, en una habitación pintada de negro. Reciben tres cartas una para Margarita y otras dos para sus hermanas, “eran cartas de disculpa”, era martes, María llama a Pedro, su interlocutor con el centro, para alertarlo de que va a peor y la contestación es: “todo va bien”.
El miércoles Margarita recibe una llamada del centro: “Miguel ha tenido un accidente”, “no, no…”, “ha decidido irse a su habitación” - cosa que no les dejan hacer – “cogió un cinturón y se ha suicidado”. Margarita se desmalla. Aun que en realidad no se había determinado lo sucedido. Cuando llega al centro, la policía judicial se había llevado a Miguel al forense a Pamplona. Al llegar al forense no había nadie y les mandan a la foral, al día siguiente entierran a su hijo.
Acude al Defensor del Pueblo pero no le ayudan por lo que contacta con un famoso e importante abogado el cual acepta el caso afirmando que es difícil ya que va contra el Gobierno de Navarra. En mayo hará dos años de la muerte de su hijo.
Ese mismo 2009, Amnistía Internacional publica el informe “Si vuelvo me mato” denunciando y demostrando la violación de los derechos humanos de los menores en este tipo de centros en España y se empieza a mover la cosa. Contacta con gente unida por la misma causa a través de ANPROPDFA pero “hasta que no ha venido la U.E. no han hecho nada y eso es una limpieza de cara, cambian los nombres de los centros… pero las normas son las mismas” declara Margarita, ha vivido en sus propias carnes la evolución. Su caso se cerró sin resolver. Miguel medía 1’80cm y se supone que murió ahorcado de una litera de 1´70cm. La trabajadora que lo encontró dijo que le vio con los ojos abiertos y los puños en tensión con los pies apoyados en la cama de abajo y afirma que salió corriendo por miedo a que la agrediera.
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